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19 nov. 2010

ANTE LA CADENA CNN, FRANCISCO ALOR SE COMPROMETE A CITAR A FUNCIONARIOS


CANCÚN, Q.R., Sábado 20 de Noviembre 2010.

CONSTE!
¿CUMPLIRÁ ALOR?

+ El Procurador declaró a CNN que funcionarios serán llamados a cuentas
+ Da como un hecho que fue ilegal la construcción del hotel Princess
+ Entre los principales responsables, Carlos Joaquín González y equipo

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Román Quian Alcocer y Carlos Joaquín González --entre otros personajes-- ¡al banquillo de los acusados!.
En una medida que era necesaria y contribuirá a tranquilizar los ánimos del turismo extranjero, el gobierno quintanarroense decidió llamar a cuentas a funcionarios y ex funcionarios que tendrían responsabilidad en el terrible estallido ocurrido el domingo 14 en el hotel Grand Princess Riviera Maya que provocó la muerte de cinco turistas canadienses y dos trabajadores mexicanos, además de 18 lesionados.
“La investigación por explosión en Playa del Carmen alcanza a funcionarios”, tituló ayer viernes 19 la influyente cadena televisiva CNN --en su capítulo México-- una entrevista que le hizo al procurador estatal Francisco Alor Quezada. Véala en este link: http://cnn.mx/n000COR #CNNMex
El funcionario dijo a CNN: “Se está citando a funcionarios municipales de la actual administración (de Playa del Carmen) para que nos provean de información, de quiénes en el momento de construir el hotel, estaban como encargados de Obras Públicas”.
Según Alor, las pesquisas también alcanzarán a funcionarios estatales y a dependencias federales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que especifiquen en qué condiciones se realizaron los estudios de impacto ambiental respecto al ostentoso complejo hotelero de capital español.
“La lógica jurídica nos llevaría a pensar que si autorizaron permisos en áreas que definitivamente no debe construirse, sin duda alguna estaremos citando a los funcionarios que lo hayan permitido”, sentenció en la entrevista que llegó a millones de personas que en nuestro país, Estados Unidos y naciones latinoamericanas, conforman el inmenso segmento de receptores de CNN.
Lo lógico --considera este columnista-- es que el muy controvertido Alor cumpla su palabra de hacer que comparezcan ante la justicia Quian Alcocer, el deshonesto presidente municipal de Solidaridad, y su inmediato antecesor Carlos Joaquín, actual diputado federal, entre otros.
Lo lógico, también, es que Quian debe tener en los archivos del ayuntamiento el expediente completo sobre la edificación del Princess que incluye licencia de construcción, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el plano de la red sanitaria, el nombre de la empresa constructora y otros datos que permiten saber si se cumplió con la normatividad en la materia. Con esos documentos se podrá fincar responsabilidades. ¡Falta ver si el mañoso Quian entregará ese expediente a la Procuraduría… o lo hará perdedizo!.
En CONSTE! hemos insistido en la necesidad de que ambos políticos priistas, el actual edil y su antecesor, den una amplia explicación acerca de las condiciones --permisos, licencias, autorizaciones-- en que fue construido el Princess en la época en que el legislador fue alcalde, así como las supervisiones que obligadamente debió realizar al inmueble el ayuntamiento que desde 2008 preside el multimillonario ex ejidatario.
¡Claro que hay responsables, y tienen nombres y apellidos!.
En nuestra columna del jueves 18 (QUE CAIGAN CABEZAS), establecimos: “Recuperar la confianza del turismo –sobre todo canadiense-- tras el estallido en el hotel Grand Princess Riviera Maya requiere no sólo la exhaustiva investigación que se realiza para determinar las causas reales del lamentable incidente, como eficazmente se lleva a cabo. Precisa además, y de inmediato, llamar a cuentas a responsables que ya desde ahora están bien identificados (…) No es hora de ignorar que las agencias noticiosas internacionales, como AP, AFP y EFE, así como cadenas televisivas como CNN y Univisión, han transmitido al mundo que hubo irregularidades en el otorgamiento de permisos para la construcción --en 2006-- del desarrollo hotelero instalado en Playa del Carmen, y que posteriormente no se realizaron las obligadas supervisiones al lujoso inmueble”.
Durante la entrevista que le hizo ayer al procurador de Quintana Roo, CNN demostró especial interés en saber si habrá castigo para los responsables de aquellas anomalías. Las preguntas centrales formuladas al funcionario fueron en ese sentido.
En la nota informativa que divulgó a propósito de las declaraciones que le arrancó a Alor, la empresa noticiosa añade:
“Hace dos años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura parcial del hotel, debido a su responsabilidad en la devastación de 53.470 metros cuadrados de mangle y selva baja. El titular de la Profepa en Quintana Roo, Guy Adrián Piña, agregó en conferencia de prensa esta semana, que la Semarnat aprobó en 2006 el estudio de impacto ambiental y que el Ayuntamiento autorizó los permisos de construcción. Alor Quezada manifestó que integrarán el expediente de Profepa a la investigación, sólo para constatar o descartar si el área que explotó formaba parte de la construcción que devastó áreas naturales protegidas. Indicó que por el momento se fortalece la hipótesis de una explosión causada por material orgánico, que pudo provenir, ya sea de la fuga de aguas residuales descubierta hace unos días a ocho metros de la zona donde se registró la explosión o la descomposición de plantas encerradas en la caverna, donde se construyó el área que detonó”.
El procurador sostuvo: “Definitivamente el haber construido esa caverna y haberla sellado, ya de por sí no debió haber sucedido y si aunado a ello, no quitaron los residuos orgánicos, nada más los encapsularon, ahí empezó la descomposición y generación de gas metano. Si adicionalmente llegaron aguas residuales que se filtraron, pues obviamente esto pudo potenciar y acelerar la explosión”.
Esos son los puntos centrales de la entrevista que hizo CNN-México.
Pero ¿quiénes eran los funcionarios que en 2006 autorizaron o supieron de la ilegal construcción del hotel?.
En el ámbito municipal:
1.- Carlos Joaquín González, alcalde.
2.-Filiberto Martínez Méndez, Secretario del Ayuntamiento y alcalde electo de Solidaridad. Ese personaje con negros antecedentes ha mantenido un sospechoso silencio.
3.- Moisés Ramírez Hernández, director de Protección Civil.
4.-Gustavo Maldonado Saldaña, director de Medio Ambiente
5.- William Conrado, director de Administración Urbana.
Ese equipo, en el que hay otros funcionarios, habría sido cómplice --y beneficiario económicamente-- de la irregular obra que colapsó el pasado domingo.
En el ámbito federal:
1.- Rafael Muñoz Berzunza, delegado de la Semarnat en Quintana Roo, que dio el visto bueno a la construcción del hotel, a sabiendas de que era ilegal. Por pillo fue destituido públicamente en 2007 por el presidente Felipe Calderón.
2.- Guadalupe Márquez Flores, delegada de la Profepa en el estado.
En cuanto a la otra banda de pillos, la que está actualmente en el poder en Solidaridad y que encabeza Román Quian Alcocer, ya mencionamos a José Alonso Durán Rodríguez, director de Ordenamiento Ambiental y Urbano; Jesús Puc Pat, director de Protección Civil; David Novelo, subdirector Operativo de Protección Civil, y Eddie Flores Serrano, director de Obras Públicas.
Todos ellos deberán ser llamados a comparecer por la procuraduría de Justicia del estado.
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LAS EJECUCIONES.- “Éramos muchos… y parió la abuela”, reza el refrán popular para referirse a la repetición de calamidades. Eso ocurre en Quintana Roo, cuando faltan sólo 9 días para la importantísima cumbre mundial sobre cambio climático cuya sede es Cancún. Sólo cuatro días después de la explosión en el Princess --noticia que ha conmovido al mundo-- se produjo el “Jueves Rojo”: cuatro ejecuciones el día 18. En Cancún la víctima fue el empresario Jorge Jiménez Contreras, a quien le dispararon con saña. En Chetumal fue una familia de restauranteros: Luis Adolfo Arévalo Peña, su esposa Paula Cortés Gutiérrez y el hijo de ambos, Enrique Arévalo Cortés. Y para colmo, en una zona residencial del centro cancunense fue hallado un centro de distribución de drogas en gran escala, en el clasemediero fraccionamiento Andalucía. Como siempre, en el fondo de estos hechos aparece la corrupción de las corporaciones policiacas municipales. ¡Nadie puede o no quiere depurarlas!.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
http://carloscantonzetinadice.blogspot.com
http://laverdadseimpone.blogspot.com
Twitter: @cantonzetina

18 nov. 2010

PARA EL TURISMO, HAY IMPUNIDAD EN EL ESTALLIDO FATÍDICO DEL PRINCESS


CANCÚN, Q.R., Jueves 18 de Noviembre 2010.

CONSTE!
QUE CAIGAN CABEZAS

+ Confianza al turismo, sólo si se aplica la ley a funcionarios negligentes
+ Gobernador advierte que se castigaría al hotel y a servidores públicos
+ El Congreso estatal debe crear una “Comisión de la Verdad”

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Recuperar la confianza del turismo –sobre todo canadiense-- tras el estallido en el hotel Grand Princess Riviera Maya requiere no sólo la exhaustiva investigación que se realiza para determinar las causas reales del lamentable incidente, como eficazmente se lleva a cabo. Precisa además, y de inmediato, llamar a cuentas a responsables que ya desde ahora están bien identificados.
Es que parece ignorarse una cuestión infortunada aunque vital en estos aciagos momentos: en el extranjero existe la percepción de que en México y particularmente en Quintana Roo predominan la corrupción y la impunidad. Varios hechos ocurridos durante los últimos años han dado pie a esa convicción. No ha sido gratuita.
Tras la inédita e histórica tragedia del domingo 14 resulta necesario adoptar medidas de igual magnitud, nuevas y contundentes. Por ejemplo, bien haría el Congreso del estado en hacer a un lado su pasiva postura y crear --¡ya!-- una “Comisión de la Verdad” o una instancia equivalente, como se ha hecho en diferentes partes del país ante situaciones delicadas y complicadas, como sin duda es la explosión en el complejo turístico de capital español en Playa del Carmen. La medida no debe ser considerada como exagerada o descabellada si se toma en cuenta que es imprescindible evitar una escalada de cancelaciones de visitantes foráneos al estado, lo que afectaría severamente a todos los quintanarroenses.
Ni más ni menos, está en riesgo el futuro inmediato de nuestros destinos turísticos. Y hay que decirlo así, sin ambages.
Las autoridades estatales deben tener claro que no sólo con declaraciones --por muy acertadas y oportunas que sean— se logrará dar seguridad al turismo. En tiempos de crisis, como la que ya se vive en el estado, debe haber acciones enérgicas aún cuando tuviesen un costo político. Más importante es impedir un gran daño a la economía y sobre todo a la industria turística, como se ve venir. No basta tampoco con que los directivos iberos hayan emitido un cursi comunicado de condolencias --“el más amargo”-- ni que ofrezcan disculpas a los periodistas agredidos.
Una “Comisión de la Verdad” contribuiría a dar certidumbre no únicamente a los países que nos proveen de visitantes sino a la ciudadanía de México y de Quintana Roo. Se les enviaría un mensaje de que el gobierno local --principalmente-- tiene el propósito auténtico de llegar al fondo de lo que aconteció en el Princess y de que no habrá impunidad hacia los responsables de la tragedia. Porque todo mundo piensa que sí los hay…
Pretender tapar las irregularidades cometidas por el poderoso consorcio hotelero español es una mala señal de que no se aplicará la ley.
También lo es no dar muestras fehacientes de sancionar a funcionarios y ex funcionarios que por negligencia u omisión tienen parte de la culpa de lo que ocurrió en el Princess, con su terrible saldo de 7 muertos --5 de ellos, turistas canadienses-- y 18 lesionados.
No es hora de ignorar que las agencias noticiosas internacionales, como AP, AFP y EFE, así como cadenas televisivas como CNN y Univisión, han transmitido al mundo que hubo irregularidades en el otorgamiento de permisos para la construcción --en 2006-- del desarrollo hotelero instalado en Playa del Carmen, y que posteriormente no se realizaron las obligadas supervisiones al lujoso inmueble.
En ese sentido, el ayuntamiento de Solidaridad está en la mira. Ya dijimos aquí, en nuestra anterior columna periodística, que el alcalde Román Quian Alcocer y su inmediato antecesor en el cargo, Carlos Joaquín González, hoy diputado federal, están obligados a dar una convincente explicación a la opinión pública --nacional e internacional-- respecto a su sospechosa “omisión” en cuanto al funcionamiento del Princess. Cínico, Quian expresó que si se comprueban irregularidades en los permisos de construcción, se sancionará a los funcionarios que resulten responsables. ¿Se aplicará castigo a sí mismo? ¿Se atreverá a proceder penalmente contra Joaquín?. Por supuesto que no.
También están en el “ojo del huracán” al menos cuatro cercanos colaboradores de Quian:
1.- José Alonso Durán Rodríguez, director de Ordenamiento Ambiental y Urbano.
2.- Jesús Puc Pat, director de Protección Civil.
3.- David Novelo, subdirector Operativo de Protección Civil.
4.- Eddie Flores Serrano, director de Obras Públicas.
¿Por qué no empieza el Congreso estatal a citarlos a comparecer?. Que expliquen por qué no efectuaron rigurosas supervisiones al centro de hospedaje, con lo que habrían detectado las irregularidades.
Desde luego, también deberían ser llamados a cuentas los delegados estatales de Profepa --Guy Adrián Piña Herrera-- y de Semarnat –Gabriela Lima Laurents--, las dependencias federales que se han coludido para otorgar indebidas autorizaciones y permisos a hoteles en Playa del Carmen y en el resto del estado.
El caso de Puc Pat es un claro ejemplo de negligencia y falsedades. Fue el primero que, el domingo 14 --día de la explosión--, se apresuró a “curarse en salud” y soltar la versión de que la causa del estallido había sido la “acumulación de gases” y que el Princess había sido construido sobre manglares. Entrevistado por Associated Press (AP), mintió al afirmar que “hace 4 o 5 meses” Protección Civil municipal inspeccionó el hotel y que el resultado fue “bastante bueno”. Pero campechanamente confesó que no tienen el equipo capaz de detectar gases como los que emiten los pantanos, sino que sólo sirve para descubrir gas butano de uso doméstico. ¡Vaya eficiencia!.
Lo dijo muy claramente Luis Carlos Rodríguez Hoy, titular de Protección Civil estatal: las direcciones municipales de Protección Civil son los órganos responsables de supervisar y revisar por lo menos una vez al año las instalaciones no sólo de hoteles sino de todos los establecimientos comerciales.
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CASTIGO A NEGLIGENTES.- Entrevistado por Ricardo Rocha en Radio Fórmula, el gobernador Félix González Canto dijo que la principal hipótesis acerca de las causas de la explosión es que fue consecuencia de una fuga en ductos de aguas negras, las cuales se habrían acumulado en una bóveda subterránea debajo del lobby del Princess. Y advirtió que “si se violaron normatividades de desarrollo urbano, se imputarán (cargos) no sólo al hotel sino a funcionarios pudieron haber autorizado algo negligentemente”. Dijo que está descartado un atentado y que los hoteles del estado son seguros, no volverá a repetirse una tragedia semejante.
Usted puede escuchar la entrevista que le hizo Rocha a González Canto en este link:


http://av2.radioformula.com.mx/audRED/formuladetrasnoticia/Felix2_171110.wma

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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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16 nov. 2010

TRAS LA EXPLOSIÓN EN PLAYA DEL CARMEN, ALENTADORA DECLARACIÓN DEL EMBAJADOR DE CANADÁ


CANCÚN, Q.R., Martes 16 de Noviembre 2010.

CONSTE!
LOS CULPABLES

+ Debe ser expedita la investigación sobre la explosión en el hotel Princess
+ Carlos Joaquín y Román Quian le deben una explicación a la ciudadanía
+ Positivo, que el embajador de Canadá diga que sus connacionales seguirán viniendo

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Ciertamente, es preciso acabar de tajo con la serie de especulaciones que ha desatado la terrible explosión en el lujoso hotel Gran Riviera Princess, en Playa del Carmen, para evitar lo que podría ser un severo daño a la imagen de los destinos turísticos del estado. Es imperioso que la investigación correspondiente concluya a la mayor brevedad posible, también para que los quintanarroenses sepan la verdad de lo que sucedió.
Sin embargo, todo indica que la edificación del complejo hotelero de la Riviera Maya estuvo plagada de irregularidades, incluso acciones de corrupción, que deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Hay evidencias de que fue construido sobre una zona de manglares, con lo que se causó un severo perjuicio al ecosistema y se puso en riesgo vidas humanas, como lamentablemente se corroboró ahora. ¡Eso fue una infamia!.
El presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, y su inmediato antecesor Carlos Joaquín González, ambos priístas, deben explicar cabalmente por qué se otorgaron los permisos para erigir el Princess en áreas prohibidas y peligrosas, y por qué no se hicieron posteriormente las obligadas y eficaces supervisiones del inmueble.
Quian Alcocer, el deshonesto ex ejidatario convertido en multimillonario, ratificó su irresponsabilidad al no dar la cara cuando sucedió la explosión. Ni siquiera se dignó hacer acto de presencia en el lugar de la tragedia, luego de que se fue a Londres, Inglaterra, con un enorme séquito de “colaboradores”, derrochando recursos públicos. En esta columna periodística hemos dado cuenta de las acusaciones que pesan sobre él --incluida una averiguación previa de la PGR-- por su proclividad a traficar con terrenos como los del Ejido Playa del Carmen. Ya amasó una gran fortuna de ese modo, así como mediante la autorización de cambio de uso de suelo en beneficio de inversionistas.
Pero no serían Quian y Joaquín los únicos responsables de la irregular situación del Princess: también la secretaría federal del medio ambiente (Semarnat) y constructores inescrupulosos.
Empero, la prioridad hoy es que se aclaren fehacientemente las causas que originaron el estallido ante la urgencia de darles tranquilidad a los turistas extranjeros, sobre todo canadienses que constituyen el segundo núcleo más numeroso --después de los estadunidenses-- que regularmente visita la Riviera Maya.
Tiene vital importancia la conclusión de técnicos y autoridades de Quintana Roo: la posibilidad de que ocurran incidentes tan graves como el del domingo 14 en Playa del Carmen cuando perdieron la vida cinco ciudadanos de Canadá y dos trabajadores mexicanos (además de 18 lesionados) “es prácticamente nula, ya que en el evento se conjugaron algunos factores que difícilmente podrían repetirse”.
Y hay que destacar --porque es de gran beneficio para la imagen del estado-- la declaración del embajador canadiense en México, Guillermo Rishchynsky, de que su país “tiene toda la confianza en las autoridades mexicanas y será (Quintana Roo) un destino turístico que seguiremos visitando”. El diplomático ofreció además que difundirá “la manera objetiva y oportuna como se ha investigado el accidente y el respaldo otorgado a los lesionados y a los familiares de las víctimas”.
El mismo Rishchynsky recordó que cada año, alrededor de 800 mil de sus connacionales llegan a los centros vacacionales de Quintana Roo “y estamos seguros de que esa preferencia se mantendrá”.
Sin duda, esas afirmaciones atenuarán en gran medida el escándalo internacional que provocó la infortunada explosión, cuando faltan sólo dos semanas para la celebración en Cancún de la cumbre mundial sobre cambio climático –COP 16-- y cuando inicia la temporada alta de fin de año de afluencia de turismo extranjero. Es sabido que ambos hechos serán de gran beneficio para la economía del estado y la indispensable creación de empleos.
Respecto a lo ocurrido en el Princess, la explicación técnica de que se dispone hasta este momento es que se trató del encapsulamiento de aire en una caverna cercana al hotel, lo cual impidió evacuar, prácticamente desde hace cuatro años, el aire que a su vez se fue comprimiendo. En rigor, habría sido una “venganza” de la Naturaleza por hacer edificaciones sobre los manglares costeros, algo que desde hace años se ha hecho no sólo en Playa del Carmen sino también en Cancún.
Fue en 2006 cuando se inició la construcción del Princess, cuyos propietarios son empresarios españoles. Era alcalde Carlos Joaquín González. En aquel año, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y el Movimiento Ecologista “Yax Cuxtal”, advirtieron puntualmente que la edificación violaba leyes ambientales. Y ni el entonces presidente municipal --hoy, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados federal-- ni la Semarnat atendieron esa voz de alerta. Mucho menos los ambiciosos constructores.
Finalmente, el Princess empezó a funcionar el año pasado pero durante cuatro años que duró su edificación se lastimó severamente los manglares.
La versión de especialistas en el tema indica que la explosión fue consecuencia de la acumulación de gases biológicos emanados por manglares cegados --destruidos, pues-- a partir de que en la zona se levantó el hotel de capital ibérico. Así lo aceptó el procurador Francisco Alor Quezada, después de que, para no variar, cometió el error de precipitarse e informar que la causa había sido “una chispa producida por un motor o un horno”. ¡Otra vez Alor y sus desatinos!.
De Carlos Joaquín, ha sido público su afán de ayudar a empresarios a atentar contra el medio ambiente. Por ejemplo, en agosto de 2008, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado (Itaip) dio a conocer --como respuesta a la solicitud de un ciudadano-- un “convenio de colaboración” celebrado entre el ayuntamiento que presidía y las empresas “Inmobiliaria Nuevo León”, “Inmobiliaria Helmer” y “Cabi Conjuntos Residenciales”. El documento establecía claramente que esas empresas donaron 23.5 millones de pesos a la comuna de Solidaridad a cambio de que ésta gestionara todas las modificaciones ambientales y los permisos respectivos para la construcción de un megadesarrollo hotelero en la Riviera Maya.
El alcalde Joaquín tuvo ingresos por concepto de “donaciones” de constructores al menos en 2006 y 2007. En el primero de esos años, “recaudó” 195 millones 370 mil pesos, y en 2007 fueron 137 millones 368 mil pesos. Quedaron registrados presupuestalmente bajo el rubro de “Otros ingresos”.
Lo malo es que el ahora diputado federal tuvo que hacerle diversos “favores” a los inversionistas “generosos”. Y el medio ambiente fue el gran perjudicado…
(Por cierto, Mauricio Góngora Escalante, actual Tesorero de Solidaridad, se esforzó en servir de tapadera de Carlos Joaquín. Dijo que las donaciones habían sido sólo por 31.6 millones de pesos).
En julio de 2008, en plena fiebre de construcciones en Playa del Carmen y en general la Riviera Maya, el dirigente de la CROC, Uri Carmona Islas, se jactó de que entre aquella fecha y febrero de 2009 se edificarían nuevos hoteles que aportarían 4.500 habitaciones “que se sumarán a las 38.000 existentes”.
Respecto a Román Quian Alcocer, ha sido tan “espléndido” en conceder permisos ilegales a fraccionadores que el 28 de octubre pasado ejecutivos del Grupo Vinte --desarrolladora del fraccionamiento Real Ibiza-- le dio un premio por el enorme apoyo que le ha dado a los constructores… aunque arrasen con bosques y manglares.
El alcalde ex ejidatario ha tenido como cómplices, además de Góngora Escalante --el ambicioso personaje que quería ser presidente municipal--, a Eddie Flores Serrano, director general de Obras Públicas; José Alonso Durán Rodríguez, director general de Ordenamiento Ambiental y Urbano; Adrián Manzanilla Lagos, director general de Servicios Públicos; Jesús Puc, director de Protección Civil, y Jesús Martín Medina, director de Turismo y uno de sus privilegiados acompañantes a Londres.
En CONSTE! del jueves 30 de septiembre de este año (RATAS AGRARIAS) revelamos la maraña de complicidades que tejieron Quian y funcionarios federales (SRA, Procuraduría Agraria, Tribunal Agrario, Semarnat) para enriquecerse con la ilegal regularización de extensos predios donde se construyeron magnos desarrollos inmobiliarios.
Así, se explica la mendacidad de Gabriela Lima Laurents, actual Delegada de la Semarnat en Quintana Roo, quien en defensa de sus corruptelas refutó la versión del gobierno del estado al negar que la explosión en el Princess haya sido producto de los gases biológicos generados en los manglares cegados. “Entonces --dijo con harto cinismo-- en la Riviera Maya y toda la Península de Yucatán habría explosiones a cada rato, y no es así (…) Los permisos de construcción para el hotel estaban en orden”.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.

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