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23 mar 2011

ALICIA RICALDE MAGAÑA, UNA HISTORIA DE ABUSO DE PODER E IMPUNIDAD


CANCÚN, Miércoles 23 de Marzo 2011.

CONSTE!
LO NEGRO DE LICHA RICALDE

+ Abuso de poder, acciones poco claras e impunidad de la futura presidenta
+ Recuento de su paso por el Registro Agrario y la alcaldía de Isla Mujeres
+ El general Villa sigue en el escándalo, y Roberto Borge no dice si lo sostendrá

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Licha tiene cola…
Es “el orgullo de mi nepotismo”, dijo el presidente José López Portillo refiriéndose a su hijo José Ramón, a quien nombró subsecretario de Estado, en una célebre frase que acuñó con ingenio y cinismo.
Para el presunto perredista Julián Ricalde Magaña, quien el 10 de abril tomará posesión como alcalde de Cancún, es su hermana Licha el “orgullo de su nepotismo”, y fue la primera a quien dio nombramiento: presidenta del DIF municipal.
Sin embargo, la conspicua panista Alicia Concepción Ricalde Magaña --el mismo día será relevada como alcaldesa de Isla Mujeres— trae consigo una estela de corrupción, abuso de poder, prepotencia e impunidad. Lo mismo a su paso como delegada del Registro Agrario Nacional (RAN) en Quintana Roo que en su desempeño como edil.
En su último informe de gobierno, el sábado 19, dijo que se iba con la frente en alto y las manos limpias. Más aún: “Vine a servir, no a servirme”.
Lo cierto es que deja Isla Mujeres en medio de descalificaciones, exigencias de juicio político y las acusaciones específicas como las de que se enriqueció ilícitamente y de que sirvió a los intereses de hoteleros e inversionistas españoles.
Incluso corre el peligro de que, cuando concluya su gestión, se gire orden de aprehensión en su contra y se le entable juicio político. Tendrá que afrontar procesos penales. Su hermano Julián deberá dedicar mucho tiempo --y recursos-- para protegerla y defenderla de los reclamos pendientes. Aunque, en rigor, la suerte de la aún alcaldesa depende del gobierno estatal que encabezará el priista Roberto Borge Angulo a partir del 5 de abril. Eso explicaría la proclividad a respaldar al PRI demostrada en los últimos meses por el presidente municipal electo de Benito Juárez (Cancún); incluso, ya nombró como Tesorero a un militante del tricolor.
Y no hay visos de que el sucesor de Licha en el ayuntamiento isleño, el también panista Hugo Sánchez Montalvo, vaya a investigar las acusaciones. Fue impuesto por ella…
Apenas el pasado 17 de marzo, Jesús Cahum Mex, presidente de la cooperativa “Pescadores de Río Chac”, recordó que unas 90 personas fueron despojadas de sus predios por la alcaldesa; habría ordenado borrarlas del padrón catastral y del registro de la Tesorería municipal para que no pudieran reclamar. La razón, denunció, “es porque ella quiere esas tierras de gran plusvalía para llevar a cabo sus negocios personales”.
Cahum añadió: “Nos cerró la cooperativa porque no accedimos a retirar las demandas en su contra. Nos obligó a pagar a la Tesorería 33 mil pesos por ‘multa’. Y nos ha acusado falsamente de ser ladrones, arribistas y hasta ratas. Puro maltrato para el gremio”.
Exigió al Congreso del estado inicie juicio político contra Ricalde Magaña, a quien acusa de que con los cambios de uso de suelo que impulsó “nos arrebató varias playas donde realizamos nuestra actividad pesquera”.
El 24 de noviembre pasado, la Asociación de Posesionarios, Propietarios y Colonos de la Zona Continental formuló una demanda penal y también pidió a los diputados locales entablar juicio político contra la munícipe, por presunto abuso de autoridad. Igual medida solicitó para los regidores de Isla Mujeres y varios funcionarios, sobre todo la directora de Desarrollo Urbano, Mayra Socorro Ayala. Los integrantes de tal agrupación igualmente fueron quitados de la lista de contribuyentes, y en junio de 2010 pretendieron hacer modificaciones al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Ciudad Mujeres (PPDU), en la zona continental, donde se construiría un complejo turístico hotelero. Los colonos aseguran que Licha “ya negoció esas tierras para entregárselas a inversionistas extranjeros”.
Esas denuncias son ya supervisadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que ha emitido dos recomendaciones a la Ricalde Magaña pero no las atiende. Son 36 quejas interpuestas ante esa instancia desde diciembre de 2009. Posesionarios y colonos de la región de los cayos en la zona continental de Isla Mujeres (es decir, la parte que está en tierra firme y que colinda con Cancún) son los reclamantes. Al ser ilegalmente eliminados del padrón de contribuyentes, se les negó el pago del impuesto predial.
Tal situación fue calificada por la CEDH --que preside Enrique Norberto Mora Castillo-- como actos y faltas de la administración pública que violentan el derecho de la legalidad y seguridad jurídica. Pero la presidenta municipal se ha mantenido firme en su postura de desconocer el reclamo de pescadores, bajo el argumento de que los terrenos en disputa “se ubican en los cayos y que éstos son propiedad de la Nación”. Entrevistada el sábado 19, restó importancia a la nueva
En la más reciente de las recomendaciones, girada el 15 de marzo, la CEDH les da la razón a los posesionarios, pescadores y padres de familia. Le pide a la alcaldesa reincorporar al padrón catastral a los 36 posesionarios de la zona continental, a quienes se dio de baja luego de que el Cabildo aprobó la iniciativa presentada por Licha. También le pide sancionar al Tesorero Municipal, Faustino Ulicab Alcocer y al director de Ingresos, Jarvin Velázquez. Nada de eso ha ocurrido.
Entrevistada el sábado 19 de marzo, la presidenta municipal restó importancia a la nueva recomendación del ombudsman: “existió un punto de acuerdo, mi Cabildo lo ordenó y hoy en día el caso está en tribunales… más que de Licha Ricalde, es una acción de gobierno”.
El visitador adjunto de la comisión en la isla, Roger Mauricio Barboza Vega, lamentó la indolencia de la funcionaria y afirmó: “Ella sabe bien que se incurrió en actos que constituyen violación de las garantías individuales… no está facultada para tomar medidas sobre eso”.
(Alicia promovió una iniciativa que aprobó el Cabildo XLI en la cual solicitaba la desincorporación de ese grupo de personas del padrón catastral; se “olvidaron” de notificar a los quejosos. La Sala Constitucional del Poder Judicial anuló la sesión en virtud de que se violentaron los derechos constitucionales de los afectados).
Otra irregularidad de la hermana de Julián: logró que le aprobaran el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que, entre otras aberraciones, permite la construcción en los próximos 15 años de unos 75 mil cuartos de hotel en la zona continental de Isla Mujeres. Con esto violentó el Programa Estatal en ese rubro, el cual señala que en la región sólo pueden ser edificados 20 mil cuartos más.
También están los reclamos de dos empresas publicitarias en contra de Licha, por deudas que contrajo durante su fallida campaña a la gubernatura en 2010, y que ascienden a más de 750 mil pesos. La empresa Cinépolis demostró por medio de facturas que ella contrató servicios por más de 400 mil pesos en publicidad, y el empresario Luis Flores Villarreal (Bordados y Estampados de Quintana Roo) interpuso una denuncia por la vía mercantil contra la alcaldesa porque no le pagó la elaboración de 6 mil playeras y gorras con un costo de 310 mil pesos. Ella se negó a pagar, y el pasado 10 de febrero una actuaria embargó (en las instalaciones del PAN estatal, en Chetumal) dos vehículos propiedad del partido y varios equipos de cómputo.
En diciembre de 2010, la futura presidenta del DIF en Cancún incurrió en nepotismo --delito castigado por la ley de servidores públicos-- al otorgar a su tío político Oscar Gómez “El Watusi” un contrato para la elaboración de la cena de Navidad de los trabajadores del Ayuntamiento. Más grave fue el hecho de que la comida ¡estaba echada a perder!, por lo que varios empleados fueron internados en los hospitales públicos pero tuvieron que comprar sus medicamentos. En cambio, Alicia y sus hijas fueron atendidas por un especialista particular, y obtuvo medicinas caras con cargo al erario.
Un año antes, el 10 de diciembre de 2009, la alcaldesa exhibió su talante autoritario, cuando agredió verbalmente y amenazó con encarcelar a Manuel Jacinto Chiclin Aguayo, presidente de la Asociación Revolución y Jóvenes de Isla Mujeres. Todo, porque él pedía un cambio de uso de suelo. El día 14 la acusó formalmente ante la Secretaría de la Contraloría del estado, “porque son actos que violentan mis derechos constitucionales”.
Nada hizo el entonces titular priista Francisco Flota Medrano. Interpuso una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia y pidió al Congreso juicio político contra ella.
En contraste, según reveló el diario Respuesta el 23 de noviembre de 2009, Licha le condonó un adeudo por ¡once millones de pesos! al empresario Horacio Martínez Duhart, dueño de la Torre Escénica Promotora, S.A. de C.V. Eso debía al ayuntamiento por concepto de impuestos que no había cubierto desde 2001, por los 21 departamentos que posee y que tienen un valor de 5 millones de dólares cada uno. Pero como Horacio era también secretario del Consejo Consultivo Municipal, encargado de la “consulta popular”, había que quedar bien con él. Claro, se le perdonó el embargo, que por ley se le debió aplicar por su falta de pago. Además de evadir sus obligaciones fiscales, Martínez Duhart era uno de los principales beneficiarios de las asignaciones directas que hacía la alcaldesa respecto a las compras del ayuntamiento.
Como delegada estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) formó parte de una “mafia agraria peninsular” que avaló el ilegal parcelamiento de 7.137 hectáreas del Ejido Playa del Carmen, el 24 de marzo de 2002. Principal beneficiario fue el entonces titular del Comisariado, Román Quian Alcocer, hoy alcalde priista de Solidaridad. (Vea usted la columna CONSTE!, RATAS AGRARIAS, del jueves 30 de septiembre de 2010). Anteriormente, en nuestra columna del domingo 29 de agosto de ese año (HOLBOX, BOTÍN DE FÉLIX) denunciamos que Alicia participó en una ilegal operación para convertir en “ejidatario” a Jaime Zetina González en aquella paradisiaca isla quintanarroense, despojando a campesinos.
En Chetumal, el 10 de octubre de 2006, y “por instrucciones del presidente Vicente Fox”, como dicen los documentos, la Ricalde Magaña, en su calidad de delegada del RAN --dependencia del Gobierno Federal-- firmó al menos dos títulos de propiedad mediante el cual se le adjudican a Zetina 4 hectáreas de valiosísimas tierras con playa. Se recurrió incluso a anotar datos falsos, como el decir que éste habitaba en esa zona y se dedicaba a “prestar servicios turísticos”, cuando en realidad vivía en Mérida, Yucatán, donde fungía como Secretario de Fomento Económico en el gabinete estatal de Ivonne Ortega Pacheco, quien lo destituyó luego de que en octubre del año pasado mediomató a golpes a su esposa Janet Peraza Castillo.
Los títulos de propiedad firmados por Licha son el número 1521 (74949 del RAN) y el 1526 (número 74954 del RAN).
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LOS NARCOMENSAJES.- El general retirado del Ejército, Carlos Bibiano Villa Castillo, se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobernador electo Roberto Borge Angulo, quien lo nombró secretario de Seguridad pública de Quintana Roo. Primero fueron sus absurdas declaraciones de que mataba a los narcos y después averiguaba. Luego se echó para atrás: en una carta a La Jornada y a Carmen Aristegui dice que no, que nunca ha matado a nadie. Y el martes 22, una persona ejecutada, decapitada y desmembrada fue hallada en la Supermanzana 41 de la ciudad de Cancún, con dos mensajes que supuestamente “Los Zetas” envían al militar. Uno: “Estábamos tranquilos, pero nos despertaron. Atte. FEZ. Este es un regalito para ti. Sigues tú Villa. Z”. Dos: “Chapulines, panucheros, ratas, charoleros, alinéense (sic) ley, si no quieren un Tamaulipas en Cancún. Sigues ustedes. Atte. FEZ”.
Esto ratificaría lo que escribimos en nuestra columna anterior: Bibiano tuvo que ser sacado de Torreón porque “Los Zetas” le pusieron precio a su cabeza. Desde allá lo tienen en la mira.
Y es inexplicable el silencio de Borge. No dice si, a pesar de todo, sustituirá al hablantín mujeriego. Si no lo hace, preparémonos para una cruenta embestida –mayor de la que se ha producido-- por parte de los narcos que podría alcanzar a gente inocente.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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Twitter: @cantonzetina