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18 de dic. de 2014

OSCURA VENTA DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE QUINTANA ROO... ¡Y EL IPAE TIENE PÉRDIDAS!

CLAUDIA ROMANILLOS, ROBERTO BORGE Y GINA PATRICIA ORTIZ BLANCO

                                                          Cancún, Q.R., Jueves 18 de Diciembre 2014

CONSTE!

LA OSCURA VENTA DE QUINTANA ROO
+  Instituto Inmobiliario (IPAE) remata o regala reserva territorial  en total opacidad
+ Con Claudia Romanillos al frente, “pérdidas”  por 145 millones de pesos en 2 años

                                           
                                                    CARLOS CANTÓN ZETINA*
                                             carlos_cantonz@hotmail.com

El IPAE es un ejemplo de la opacidad gubernamental en Quintana Roo: a espaldas del pueblo se consuman  enormes negocios al amparo del poder  con las reservas territoriales del estado.

La sociedad desconoce cuántas hectáreas de gran valor  son vendidas o regaladas cada año por el organismo público, sobre todo en  Cancún y la Riviera Maya, y a dónde va a parar el dinero.

Lo cierto es que ha sido silencioso pero de grandes dimensiones el desmantelamiento de la riqueza estatal por parte del gobierno a través del  Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE).  Y las  ventas y “donaciones”  continúan, sin control y sin medida.

Oficialmente, en sólo  tres años (de 2011 a 2013),  obtuvo por la enajenación  de  reservas territoriales un total de 700 millones 328 mil pesos.

También en la oscuridad se  ejerce el presupuesto del organismo gubernamental, que este año fue de  más de 298 millones de pesos, superior al asignado a  las  Secretarías de Turismo, de Salud y   de Cultura, entre otras.

Además, el IPAE  es reflejo del amiguismo en la designación  de funcionarios,  igual que  de la ineficiencia administrativa.

El 11 de abril de 2011, el gobernador priista Roberto Borge Angulo nombró  a Claudia Romanillos Villanueva   directora general.  El  mayor  mérito: haberse desempeñado anteriormente como su secretaria particular cuando fungió como Tesorero y Oficial Mayor del estado.

Con Romanillos al frente, el organismo  ha registrado pérdidas en sus ejercicios fiscales de dos años consecutivos, 2012 y 2013.

Es el colmo: IPAE ha vendido un considerable  número de hectáreas propiedad del estado pero  el pueblo, en vez de beneficiarse, tiene que cargar con los déficits  que serían producto de un desastroso manejo de la institución.

Creado el 30 de mayo de 2005 por el anterior gobernador Félix González Canto (también del PRI), el  IPAE  es un ente descentralizado cuyas atribuciones primordiales son administrar, vigilar, controlar, custodiar y disponer, según su caso, de los bienes inmuebles del dominio del estado.

En 2010, último año de  González Canto,  tuvo ganancias por 246 millones.

En 2012,  ya con Borge como gobernador, empezó la temporada de pérdidas: 82 millones 298 mil,  mientras que en 2013   fueron por   63 millones 428 mil pesos.

Es decir, un total de  pérdidas por 145 millones 717 mil pesos en los ejercicios fiscales de 2012 y 2013.  Y  el deterioro  sigue igual en 2014: de enero a marzo ya había un déficit  por 8 millones 831 mil pesos, de acuerdo a la información proporcionada por  el propio organismo en su portal de internet http://www.ipae.gob.mx/sitio/

IPAE maneja a su antojo, sin freno alguno, miles de hectáreas.  Lo mismo vende al  contado que en abonos, y  regala o aplica el método de  “donaciones condicionadas”.  Oculta  datos relevantes como éstos:

1.- Detalles de las operaciones de venta o donación.

2.- Cuántos y cuáles son los predios. En qué municipio se localizan.

3.- Quiénes son los beneficiarios, nombres y apellidos.  Aunque  se presume son   principalmente amigos del gobernador.

FÉLIX GONÁLEZ CANTO
Durante el sexenio anterior,  el IPAE vendió 877 predios de la reserva territorial de Quintana Roo a particulares. Sólo eso se supo. La misma opacidad que ahora. Aunque al menos se informó cuántos terrenos fueron enajenados. Ahora, ni eso…

Alegremente, y a pesar de vender en muchos casos a precios por debajo de su valor real, el  instituto  financia a  gran parte de sus “clientes”. Terrenos baratos y en cómodos pagos.  En 2012, las cuentas por cobrar fueron por 530 millones 807 mil pesos.  En 2013,  ascendieron a 440 millones 807 mil pesos.

¡Y que el pueblo pague esas facilidades a los compradores-especuladores  de tierras!...

Esto provoca los saldos negativos o  pérdidas que arroja IPAE  en sus  presupuestos anuales.

Pierde, a pesar de que tiene uno de los más altos presupuestos en el gabinete de Borge Angulo:

En 2014 fue de 298 millones 165 mil 674 pesos.

Pierde, no obstante que cada año recibe una millonada tras   rematar  un número desconocido de hectáreas propiedad de los quintanarroenses:

Entre 2011 (en abril asumió  Borge la  gubernatura) y junio de 2014, el instituto recibió 817 millones 112 mil pesos por concepto de venta  de reservas territoriales.  La más cuantiosa fue precisamente en 2011: 561 millones 099 mil pesos.  En 2012, 82 millones 951 mil. En 2013, 56 millones 328 mil pesos.  Y en el primer semestre de este año  recibió   116 millones 784 mil pesos.

Pero las deudas por cobrar son cuantiosas y  “corresponden a los contratos de adjudicación por ventas a crédito de recursos territoriales, ubicados en todos los municipios del estado de Quintana Roo”, de acuerdo a las revisiones a modo  de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo). 

Tales deudas fueron  por 440 millones 751 mil pesos en 2013, y por  530 millones 807 mil pesos en 2012.

Toda la información sobre la situación financiera del IPAE que se incluye en esta columna, obviamente no fue proporcionada por ese organismo.  Está contenida en las auditorías  anuales de Aseqroo:

La del 2011:

http://www.aseqroo.gob.mx/Transparencia/Organismos%20Publicos%20Descentralizados/2011/INFORME%20IPAE%202011.pdf

La del 2012:


Y la del 2013:
El IPAE es, en rigor,  una súper-secretaría que  tuvo este año un presupuesto mayor que la  Secretaría de Infraestructura y Transporte ($119,232,223); que la Secretaría de Educación y Cultura ($195,234,207); que la  Secretaría de Salud ($46,321,055); que la Secretaría de Turismo ($71,969,208); que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural ($119,440,309) ; que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente ($56,794,947); que la Secretaría de Desarrollo Económico ($45,122,681); que la Secretaría de Gobierno ($115,132,753; que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ($60,010,185), y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ($73,779,671).

                                LOS SUELDAZOS EN IPAE

Con Claudia Romanillos Villanueva  a la cabeza, el personal del instituto inmobiliario constituye un sector  privilegiado  dentro de la burocracia quintanarroense.

En el presupuesto anual de egresos  de la dependencia oficial, el rubro “Servicios Personales” es de los más abultados.  En 2013, representó 82 millones 450 mil pesos. En 2012, fueron  87 millones 884 mil.

En ese renglón  se incluyen primordialmente: sueldos, gratificaciones de fin de año, segunda parte de aguinaldo, bonos de productividad y eficiencia, compensación por servicios al personal de confianza, Canasta Básica, Ayuda para la Despensa, así como “estímulos cuatrimestrales” a los trabajadores. También, las cuotas al  IMSS, SAT e INFONAVIT.

Es una burocracia de “élite” la del IPAE.  Bien pagados, bien protegidos.

Y sólo son 87, según el portal en internet de esa dependencia.

 Ya celebran el súper aguinaldo que recibieron, no importa que miles de  quintanarroenses perciban una ínfima compensación navideña… o ninguna.

Los del IPAE  sobre todo son  funcionarios y empleados afortunados, porque reciben premios a su ineficiencia y a su complicidad.

Su jefa  Romanillos Villanueva  a  veces se dice contadora pública, a veces licenciada. No se sabe a ciencia cierta si tiene estudios profesionales. El 11 de abril de 2011,  seis días después de asumir la gubernatura, Borge le dio posesión en sustitución de Gina Patricia Ortiz Blanco, la amiga de González Canto.

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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas que fueron de circulación nacional Quehacer Político y  Polémica.

TWITTER:     @cantonzetina

11 de dic. de 2014

EN QUINTANA ROO SALVAN DE LA QUIEBRA A AGUAKÁN, PROPIEDAD DE LOS BALLESTEROS, Y "MATAN" A CAPA

PERREDISTAS DE QUINTANA ROO PROTESTAN CONTRA AGUAKÁN

                                             Cancún, Q.R., Jueves 11 de Diciembre 2014

CONSTE!

LA MAFIA DE AGUAKÁN EN Q.ROO
+ Sus dueños, los Ballesteros, acusados de fraude y  beneficiarios de Fobaproa
+ Gobiernos priistas  salvan  de la quiebra a la empresa de agua y “matan”  a CAPA

                                           CARLOS CANTÓN ZETINA*
                                          carlos_cantonz@hotmail.com

 “Es un acto monumental de corrupción”, dijeron partidos de oposición. Y están en lo cierto…

La familia Ballesteros, acusada de fraude en Estados Unidos y una de las grandes beneficiarias del atraco a los mexicanos  a través del Fobaproa, ratificó en Quintana Roo  su condición de consentida del gobierno fallido  de Enrique Peña Nieto.

Es la “ganona” de que, en total secreto y sin consultar a la ciudadanía, los alcaldes de tres importantes municipios  hayan mangoneado a sus cabildos para autorizar  que la empresa privada Aguakán  opere  el suministro  de agua potable y alcantarillado hasta el año 2053.  La compañía  es dirigida   por ciudadanos de Argentina, pero formalmente sus  dueños  son los Ballesteros.

 Aguakán es premiada,  en vez de que se le  cancele  la concesión por su  “servicio” que es  deficiente, dañino y caro en perjuicio de  las familias quintanarroenses.

Además,  con la prórroga se marcó la extinción de la dependencia estatal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). De inmediato iniciaron   el remate de  sus activos, el   endeudamiento y el despido de trabajadores.

La jugarreta  gubernamental es condenable, pues  evita que  una empresa particular se declare en  quiebra  pero  manda al diablo a una entidad pública y a sus cientos de empleados.

Como parte de la opacidad con que se manejan las autoridades de Quintana Roo, se ha ocultado la razón de fondo de la apresurada  prórroga, que habría sido ordenada por Peña Nieto y operada por el gobernador priista Roberto Borge Angulo:

Se trata de salvar a Desarrolladores Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (DHC),  cuyo nombre comercial es Aguakán y que  está ahogada  por las deudas a pesar de que sus ingresos netos aumentan cada año. En 2013 obtuvo 960.7 millones de pesos, contra los 940.9 millones de pesos  que logró  en 2012 y los 857.3 de 2011.

Al 30 de septiembre de este año, DHC debía 515 millones de pesos.  Principalmente a causa de  dos  créditos  por 355 millones de pesos que le otorgó la dupla de consorcios aliados Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y GBM Hidráulica. Otras cuentas por pagar suman 68.2 millones, y adeuda otros 55.9 millones por concepto de impuestos.

Para atenuar  su crisis financiera, DHC tiene proyectado emitir certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 900 millones de pesos. Significa que recurrirá a una deuda bursátil de  cinco años,  dando como garantía… ¡el agua quintanarroense!. Es decir, su principal activo que es la  concesión otorgada  por  el gobierno del estado y los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres el 20 de octubre de 1993. El de Solidaridad (Playa del Carmen) será nuevo cliente.

Como condición para la bursatilización (instrumento de deuda), los evaluadores financieros exigieron a Aguakán conseguir  la prórroga de su concesión para “evitar riesgos de una revocación” e incluso una eventual expropiación por parte de los gobiernos federal o estatal.   Se entiende que la mafia dueña de la empresa recurrió  al presidente de la República.

Todas esas consideraciones las hace DHC en un “prospecto” de bursatilización  con  fecha del 14 de  noviembre de este año. Entre otras cosas, la empresa de los Ballesteros recuerda que en el convenio de concesión se estipulan las causas por las que las autoridades de Quintana Roo podrían cancelarle la concesión, y entre ellas figura la siguiente:

“5. Las violaciones graves e imputables a los términos o condiciones del Título o la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, así  como incurrir en deficiencias e irregularidades notorias en la prestación del servicio”.

Es evidente el pésimo servicio que ha brindado en Cancún e Isla Mujeres, lo cual serviría de apoyo al gobierno para quitarle la concesión.  

En el extenso documento, la empresa da como un hecho, en noviembre,  que la prórroga será aprobada por los alcaldes priistas  de Cancún, Paul Carrillo de Cáceres; de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, y de Isla Mujeres, Agapito Magaña Salazar. Ello, porque establece una fecha para el registro de los certificados bursátiles ante la Bolsa de Valores: 11 de diciembre de 2014.

Sin empacho, Aguakán (o DHC)  menciona también que las autoridades se comprometieron, y han cumplido, a concederle un incremento ANUAL en las tarifas de agua potable y alcantarillado. Por eso los cada vez más altos recibos que le llegan al pueblo.

El “prospecto” de bursatilización contiene los balances financieros de la empresa, los volúmenes de agua que vende, el equipo de que dispone, sus “inversiones” para mejorar la red de agua potable y alcantarillado, así como su “responsabilidad ambiental”… y su enorme deuda.  Así como la necesidad que tiene de allegarse de recursos frescos.

Al referirse a la cobertura de servicios indica que atiende a 1.6 millones de habitantes y a 3 millones de turistas. El agua que vendió el año pasado: 34.2 millones de metros cúbicos.

 Usted puede leer el documento completo en esta liga:


¿Y quiénes son los dueños de Aguakán?

El Consejo de Administración de Desarrolladores Hidráulicos de Cancún (DHC) está formado por 4 consejeros propietarios y 4 suplentes.
BALLESTEROS ZAVALA

Los primeros son: Jorge Eduardo Ballesteros Franco (presidente), su hijo Jorge Eduardo Ballesteros Zavala; Diego Ramos González de Castilla y Enrique Rojas Blásquez.

Los suplentes: Diego Xavier Aviles,  Paul Andrew Rangel Merkley, Fernando Ramos Gonzalez de Castilla y Manuel Rodriguez Arregui.

Además figuran los “funcionarios”, los que realmente operan Aguakán, y  son originarios de Argentina:

1.- Roberto Enrique Robles, director general.

2.- Carlos Ignacio Broggi, gerente técnico.

3.- César Gastón Borda, gerente comercial.

El contralor, de quien no se dice su origen, es Jorge Guerrero Escandón.

El presidente del Consejo de Aguakán, Jorge Eduardo Ballesteros Franco, es también directivo del poderoso consorcio Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), y en esa calidad fue acusado  de fraude  por el fiscal de Distrito Sur de Nueva York (EU), el 9 de mayo de 2011.  Igual que 15 familiares suyos, incluido su hermano José Luis, fallecido en 2010.

Se les acusó de haberse beneficiado ilícitamente utilizando información privilegiada. Obtuvieron una ganancia de 3.7 millones de dólares.

El 17 de junio de 1999, José Luis Ballesteros Franco se enteró en junta de directorio de la venta de la empresa química Nalco Chemical Company. De inmediato avisó a su parentela y juntos compraron acciones a través de una cuenta suiza del fideicomiso familiar.

El clan Ballesteros ha sido consentido del régimen priista. Con el presidente Carlos Salinas de Gortari se benefició del generoso uso de recursos públicos a través del Fobaproa, que lastimó la economía de millones de mexicanos.  El Grupo Mexicano de Desarrollo de los Ballesteros también le sacó a CSG, en 1989,   el contrato para construir la Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco), que resultó un fraude  por lo mal hecha.

Además obtuvo “apoyos” por medio del programa de rescate carretero autorizado en los años 90s  por el entonces presidente Ernesto Zedillo.  Ahora, todo indica que le toca a Peña Nieto echarle la mano.

El poderoso grupo GMD lo mismo construye carreteras que maneja  28% de los minerales del país,  y 7% de la energía que se produce se hace con carbón que surte a través de sus puertos. El cemento también está presenta en su cartera de negocios. Ah!, y el agua de Cancún e Isla Mujeres y, pronto, de Playa del Carmen.

Ballesteros Zavala, el hijo, es director de una empresa filial, GMD Resorts, que tiene proyectos de desarrollo turístico en Cancún, Isla Mujeres y Acapulco.

Apenas en abril de 2013, los dos Ballesteros, padre e hijo, fueron demandados por la empresa Obras y Proyectos del Pacífico, S.A.

Son unas “fichitas” que quieren más y más dinero…

En cuanto a Mauricio Góngora Escalante, quien permitió que Aguakán entre ahora a la Riviera Maya y aspira a ser gobernador de Quintana Roo, ha sido acusado de ser tapadera de sus antecesores Filiberto Martínez y Rafael Kantún en el endeudamiento de Solidaridad por casi 900 millones de pesos. Los créditos se “esfumaron”.

El pasado martes 9, la diputada federal Alicia Ricalde Magaña y el senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz denunciaron al actual alcalde priista ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Ex  tesorero del ayuntamiento, Góngora estaría involucrado en el desvío de recursos federales por 70 millones de pesos a través de “empresas fantasma”.

La demanda  es además  contra  otros priistas: el ex alcalde  y actual diputado federal, Román Quian Alcocer;  el también ex edil y diputado local, Filiberto Martínez Méndez;   el ex tesorero de esa Comuna y actual diputado José Luis Toledo Medina (otro que quiere ser gobernador), y Juan Pablo Guillermo Molina, ex director de Finanzas de Solidaridad y actual secretario de Planeación y Finanzas del gobierno estatal.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas que fueron de circulación nacional Quehacer Político y  Polémica.

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7 de dic. de 2014

EL TELETÓN, OTRA VEZ EL REPUDIO A PEÑA NIETO... Y EN QUINTANA ROO, LOS NEFASTOS DELEGADOS


                                                                        
 
Cancún, Q.R., Lunes 8 de Diciembre 2014

CONSTE!

EL TELETÓN Y EL ODIO A  PEÑA NIETO
+Televisa, castigada por una sociedad agraviada; a duras penas recaudó su millonada
+Los delegados de EPN en Quintana Roo, nocivos; el caso de Elizondo Garrido en SCT

                                  CARLOS CANTÓN ZETINA*
                          carlos_cantonz@hotmail.,com

Nuevamente quedó demostrada la fuerza de la sociedad (agraviada)  que se expresa en internet: la etiqueta o hashtag: #NiUnPesoAlTeleton golpeó a Televisa y al gobierno de Enrique Peña Nieto.   Como nunca antes,  el programa que explota las desgracias del pueblo tuvo que alargarse y  “sufrir” para  alcanzar la meta recaudatoria  de  473 millones de pesos.

Es evidente que miles de ciudadanos no aportaron ahora   en señal de repudio  al presidente de la República pero también al mismo consorcio televisivo.  Ayotzinapa,  “Casa Blanca” y nuevo avión para el huésped de Los Pinos, son las  causas centrales de ese generalizado rechazo aunque no las únicas.

No hay duda de que particularmente en México,  las redes sociales constituyen  el  principal medio en el que la gente manifiesta libremente sus opiniones, desacuerdos  y decisiones.

El  “altruista” Teletón fue más que el tradicional y machacante  relato de vidas quebradas para hacer llorar a la audiencia. Un numerito que tiene muy bien ensayado la televisora para  --en su beneficio--  “conmover  los corazones”.  Vil  chantaje  a través de  imágenes  lastimeras y lucrativas.

Ahora tuvo un ingrediente especial: el inútil  esfuerzo de conductores y artistas por deshacer  las críticas contra EPN y Televisa  manifestadas en oleada en Twitter, Facebook y otros elementos cibernéticos.

En sincronía con el tono cursi e inocuo de la programación del “Canal de las Estrellas”,  Eugenio Derbez  se llevó las palmas en el afán por denostar a miles y miles de mexicanos que  antes y durante la maratónica transmisión hicieron pública su decisión de   #NiUnPesoAlTeleton. 

El actor, investido de vocero de la empresa de Emilio Azcárraga, soltó  frases  como ésta: “Si hoy no llegamos a la meta, Televisa va a seguir teniendo el mismo dinero que tiene, no los van a castigar, tampoco al gobierno, conductores, artistas y voluntarios que participamos. Todos vamos a seguir mañana con nuestra vida. A quienes van a castigar con su odio es a los niños con discapacidad”.

Y qué tal esta otra:  “El Teletón no es un logro de cualquier gobierno, no es un logro de Televisa, es un logro de México


O sea: el odio de vastos sectores de la sociedad contra Peña Nieto debe entenderse que es también contra  la población con discapacidades.  Y tal  repulsa popular  no “castiga”  al jefe  EPN.   Además, estar contra el Teletón es estar contra México.  Decreto  signado por  Televisa…y Derbez insultando la inteligencia de los ciudadanos.  ¡Qué insensatez, cuánta soberbia!.

Entretanto, ya fue identificado el cuerpo de uno  de los 43 normalistas desaparecidos. Se trata de Alexander Mora Venancio, de apenas 18 años, encontrado en un basurero de Cocula, Guerrero.

Uno menos. Faltan los demás, seguramente también asesinados y arrojados a una zona de desechos.

En Quintana Roo, el odio contra Peña Nieto  crece cual si fuese bola de nieve cuesta abajo, no importa que  digan lo contrario gobierno y congreso estatales, y los medios de comunicación cooptados.  Juntos, son  una copia   de Derbez-defensor de lo indefendible, Derbez-el que regaña y amenaza a una sociedad indignada.

Delegados del gobierno federal en el estado, avalados por EPN, contribuyen a la caída presidencial en etas tierras caribeñas. No sólo están ocupados en amasar fortunas personales sino, lo peor, en perjudicar a la gente, incluso indígenas mayas. Esto provoca innecesaria tensión social.

Un ejemplo:

FRANCISCO ELIZONDO
 Francisco Elizondo Garrido, el veracruzano que ha utilizado al PVEM como trampolín político y económico, es delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT) desde el 27 de febrero de 2013. Maneja un presupuesto anual  de casi  1.200 millones de pesos. Se niega a pagar 97 millones de pesos a 180  ejidatarios del municipio de Bacalar.

Los comuneros mantienen bloqueados los accesos de las instalaciones de SCT en Chetumal, la capital de Quintana Roo, en reclamo  por el retraso del pago de las afectaciones que  generó la modernización de la carretera Chetumal – Bacalar en 39.7 hectáreas de cultivos.

Previamente, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin)  entregó  a los ejidatarios  un avalúo de 97 millones de pesos por la totalidad de tierras. La dependencia de Peña Nieto promovió amparos pero los perdió   ante lo justo del reclamo campesino.

El pasado 7 de septiembre, el “verde” Elizondo Garrido se comprometió a pagar la indemnización “en 30 días hábiles”. Por supuesto, es una promesa incumplida hasta ahora.  

Felipe de Jesús Castro Gómez, presidente del Comisariado Ejidal, sostiene que no hay nada que le impida a SCT hacer el pago.  Y respecto a las patrullas y elementos de la Policía Federal que les pusieron un cerco intimidatorio, afirma:

“Mientras ellos no nos agredan, no tendrán problemas. No que creo que en la cárcel vayamos a caber todos, somos miles y miles. Que no se equivoquen, esto no es Holbox, esto es una unión de ejidos y campesinos en el estado y están otros municipios y asociaciones: Morelos, Carrillo, Unorca, CNC, la UCD y están todas las asociaciones que se van a sumar a nosotros”.

En la isla de Holbox, perteneciente al municipio maya de Lázaro Cárdenas, 16 comuneros  permanecen  presos desde el 24 de julio por  “delitos ambientales”,  según otra empleada de Peña Nieto, Ludivina Menchaca Castellanos, delegada de  la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa y también militante del PVEM.

Menchaca y Elizondo forman parte de una larga lista  de delegados federales propuestos por el gobernador y que irresponsablemente Peña Nieto “palomeó”. Mucho daño le hacen al estado.

El explosivo conflicto en Bacalar, que apenas en 2011 se convirtió en el décimo municipio del estado segregándole terreno al de Othón P. Blanco (Chetumal), también es un reflejo de la actitud lacayuna de los alcaldes. Todos son militantes del PRI en Quintana Roo.

 El presidente municipal   José  Alfredo Contreras Méndez ha tratado inútilmente de convencer a los ejidatarios de liberar el edificio.  Es un secreto a voces que sigue los dictados del gobernador, igual que el resto de ediles.

Algunas obras  de la SCT federal en Quintana Roo han sido severamente cuestionadas, sobre todo a partir de que Peña Nieto entró a Los Pinos.

Hace unos días, el 26 de noviembre, el mismísimo presidente inauguró una autopista  de cuota que no está concluida, la que une a Playa del Carmen con Nuevo Xcán.  Concesionada al Grupo ICA, obligará a los usuarios a pagar. En esa ocasión, un exagerado aparato de vigilancia impidió que un grupo de ciudadanos se manifestara libremente contra EPN, el mismo día en que el gobernador priista Roberto Borge Angulo declaró que “todo Quintana Roo apoya a Peña Nieto”.

En cuanto a  Francisco Elizondo Garrido, ya fue diputado federal por el PVEM e integrante del gabinete estatal, como titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).  Pero ¿qué rayos sabe de obra pública como para haber sido designado delegado de la SCT en el estado?...

Su paso por SEMA fue sin pena ni gloria. Lo único que hizo fue operar la controvertida aprobación de la verificación  vehicular y la concesión, sin previa licitación, de 12 verificentros en Quintana Roo.  Los dueños, entre ellos hay políticos, ganan un dineral.

A  fines de noviembre de 2011, el gobierno estatal, a través de Elizondo, presentó al Congreso local  una iniciativa para instalar aquí  la verificación, lo que fue interpretado por muchos ciudadanos como un sustituto de la tenencia vehicular, que fue eliminada por decreto federal.


La SCT en el estado se ha convertido en cuna de ratas e ineptos. En 2011, el delegado Ignacio Meza Echeavarría fue  denunciado por actos de corrupción, en los que también se involucró  al subdirector de Obras, Eduardo Rodríguez Abreu.

Y hay más casos…

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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas que fueron de circulación nacional Quehacer Político y  Polémica.

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3 de dic. de 2014

LA LEY DE MOVILIDAD SERÁ EL PRETEXTO DE GOBERNANTES PARA REPRIMIR; QUINTANA ROO, EL ENSAYO

PEDRO CANCHÉ, PERIODISTA MAYA PRESO  EN QUINTANA ROO

                                                                      Cancún, Q.R, Jueves 4 de Diciembre 2014
CONSTE!
LA REPRESIÓN TIENE PERMISO
+ El miedo de Peña Nieto crea la  “Ley de Movilidad”, o garrotazos contra disidentes
+ En Quintana Roo fue el primer ensayo; Pedro Canché, sólo un ejemplo de represión
                                                CARLOS CANTÓN ZETINA*
                                           carlos_cantonz@hotmail.com
 El martes 2  de  diciembre, los diputados federales de  PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron  la Ley General de Movilidad, que no es otra cosa que darles  luz verde a los gobiernos  para reprimir las protestas sociales.
Los lacayos de siempre actuando como siempre: contra el pueblo.
Entre ellos, los tres “representantes populares” de Quintana Roo por el PRI: Raymundo King de la Rosa, Román Quian Alcocer y Lizbeth Gamboa Song.  Ya antes, el 17 de  octubre del 2013, asestaron otro  duro golpe a sus electores al aprobar el incremento del IVA de 11 a 16% en las zonas fronterizas.
La de este martes fue un madruguete, una asonada legislativa que  modificó  los artículos  11 y 73 constitucionales.
En rigor, la medida constituye un claro reflejo del miedo y de la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto frente a las crecientes manifestaciones por  la desaparición de  43 normalistas de Ayotzinapa y la insultante mansión  “Casa Blanca”, casos  que han propiciado una ola de  indignación en  vastos sectores de la población en todo el país, y aún en el extranjero.
Está claro: la ley del garrote viene en serio contra los disidentes.
Se ve diáfano: es una “solución”  desesperada y autoritaria de EPN a falta de medidas  eficaces  y convincentes.
¿Por qué, si las protestas masivas han sido pacíficas, viene una respuesta que presagia un  indiscriminado  y feroz uso de la fuerza pública?.
Se prevé desde ahora que la mejor manera  que tendrán los gobernantes para  garantizar el “respeto” al derecho a la movilidad de las personas  será mediante acciones represivas.  Pisoteado quedará, oficial y legalmente, el sagrado derecho de todos los mexicanos a manifestarse libremente.
Por eso hay quienes ven replicar, en la nueva Ley de Movilidad,   episodios  de la dictadura pinochetista en Chile. Así de terrible…
La cuestionada  acción de los legisladores federales del PRI y aliados tuvo un ensayo previo en estados como Quintana Roo, donde el 25 de marzo un Congreso local  domesticado por el gobierno  aprobó la Ley Antimarchas.  Se convirtió así en la primera  entidad federativa  en regular las marchas en el país.
Ante la ola de inconformidad que generó en la población, los diputados se vieron forzados a “suavizarla”: el 30 de abril dieron luz verde a la “Ley de Ordenamiento Cívico”, que a pesar de sus retoques mediáticos implica   también un carácter represivo.
Certero, el periodista Julio Hernández, autor de la columna Astillero del periódico La Jornada, escribió este miércoles 3:
“No se trata de un arranque ni una ocurrencia. Gobernadores intensamente deseosos de hacer el trabajo sucio a Los Pinos (Chiapas, Quintana Roo y Puebla) ya dieron pasos, meses atrás, en la misma dirección, haciendo aprobar ordenamientos restrictivos de las manifestaciones públicas e incluso, en el caso de Rafael Moreno Valle, por ello apodado el Góber Bala, propiciatorios del uso extremo de la fuerza pública, con disparos de armas de fuego incluidos. Ante la crítica reacción popular, en esos estados se dio marcha atrás o se atenuaron las medidas autoritarias, pero el ensayo cumplió sus objetivos de presagio”.
Quintana Roo no ha sido la excepción en cuanto a muestras de repudio popular  a Peña Nieto. Sobre todo jóvenes se han lanzado a las calles y extienden su  activismo a  redes sociales. Las manifestaciones en la vía pública no se habían dado con tanta fuerza  en un destino turístico como Cancún, aunque se han producido en todo el estado.
Personalmente, EPN se percató de la  inconformidad en su contra el pasado miércoles 26 de diciembre cuando en Playa del Carmen  (el segundo polo turístico del estado) un exagerado aparato de seguridad lo alejó de la gente… y  de las protestas.
LYDIA CACHO, HOSTIGADA
Recuérdese: perdió en esta entidad las elecciones presidenciales en 2012 ante Andrés Manuel López Obrador.
Y con ley o sin ley contra  disidentes, el gobierno quintanarroense ha intentado reprimir a periodistas como Sergio Caballero (corresponsal de Proceso), Norma Madero y Agustín Ambriz (revista Luces del Siglo, varias veces clonada), Lydia Cacho y  Vicente Carrera  (editor del portal noticioso Noticaribe), y a políticos opositores como Julián Ricalde Magaña y Daisy Baeza Rodríguez, y las diputadas federales Graciela Saldaña Fraire (PRD) y Alicia Ricalde Magaña (PAN).  Contra ellos, por el “delito” de criticar al mandatario priista Roberto Borge Angulo, se utilizan  como armas  la desacreditación y el denuesto.
El hostigamiento es grosero  en redes sociales, a cargo de un ejército de “troles” pagados con recursos del erario.
El 25 de noviembre se informó que la censura oficial alcanzó a la prestigiada periodista Carmen Aristegui, quien ha criticado acciones del gobierno de Quintana Roo.  Su noticiero, la Primera Emisión de la MVS Radio, dejó de transmitirse  por “la Estrella Maya que Habla”, del municipio maya  Felipe  Carrillo Puerto y propiedad del ex alcalde priista, Sebastián Uc Yam, entregado al poder. Era la única estación que divulgaba el programa.
También hay casos de disidentes que permanecen presos o huyendo del estado:
1.- El periodista maya Pedro Canché Herrera hace  ya tres meses que está  preso  en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, desde el 30 de agosto. Lo acusan del delito de “sabotaje”, después de que del 16 al 19 de ese mes participó en  protestas populares contra el alza en las tarifas de agua potable, que derivaron en un bloqueo a las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado. El 24 de agosto, seis días antes de su detención, grabó un video en el que critica la gestión del gobernador. Pruebas fabricadas contra el luchador social han caído una a una, se ha demostrado lo injusto de su encarcelamiento.
2.- El constructor Mario Esteban González fue obligado a vivir en el exilio. El 18 de septiembre formuló  ante la PGR una demanda contra Borge Angulo y otros funcionarios como Gabriel Mendicuti, Secretario de Gobierno, y Gaspar Armando García Torres, procurador de Justicia estatal. Los acusó de proteger a Sebastián Uc Yam (sí, el “verdugo” de Aristegui), quien no le pagó 9.6 millones de pesos por seis obras públicas que le encargó  en 2011. El 7 de noviembre, el propietario de “Construcciones J.C. Cúbica”, S.A.,  presentó en la Cámara de Diputados federal una solicitud de juicio político contra el gobernador.   Denuncia que “gente armada pretendió desaparecerme, pues no pudieron hacer que me desistiera en mis acusaciones, y por eso opté por huir  del estado”.
El gobierno de Peña Nieto, a través de la Profepa, mantiene presos a 16 comuneros de la isla quintanarroense de Holbox.  Se les acusa de “cortar mangle”, y desde el 24 de julio permanecen en el Cereso de Cancún. Ludivina Menchaca Castellanos, delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado, utilizó a la Marina para la aprehensión.  El 27 de noviembre, los ejidatarios obtuvieron amparo federal por “detención ilegal”.
En lo que respecta a la Ley General de Movilidad, la minuta fue enviada al Senado, donde con mayor facilidad  será aprobada. Hay más control peñista. Luego deberá ser avalada por al menos 17 congresos locales, por tratarse de reformas a la Constitución mexicana.
Ya José Luis Toledo Medina, “Chanito-el hijo del pueblo”, en su calidad de presidente de la Gran Comisión del Congreso quintanarroense, adelantó el visto bueno a la polémica ley de EPN. Dijo que incluso, si es necesario, habrá periodo extraordinario.  Aquí no hay problema…
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas que fueron de circulación nacional Quehacer Político y  Polémica.
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